Areca

RECOGIDA DE FIRMAS Y APOYOS PARA ARECA (Grupo de Apoyo contra la Represión en Caulina)

Hoja de firmas: http://www.15mjerez.org/wp-content/uploads/2012/01/areca.pdf

Dice el diccionario que “humillar”, aplicado a las personas, es “pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo”. Y así vivimos hoy, en el permanente riesgo de caer en la pobreza y la marginación ante el avance arrollador del poder de los especuladores sobre los Derechos Fundamentales que, pese a estar recogidos en los textos que sirven de pilares del estado de derecho, son vulnerados impunemente con la complicidad de quienes acomodados o simplemente sumisos, viven o quieren vivir ajenos a la cruel dinámica imperante.

El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

Hoja de recogida firmas

Una vez rellenada la hoja de firmas ponte en contacto con areca15m@gmail.com para remitirlas. Muchas gracias por tu colaboración

Comunicado de condena de la Violencia Policia contra trabajadoras de ACASA y otro colectivos de trabajadores

Otra vez ha vuelto a pasar. Los poderes del sistema cuando se ven acorralados por los ciudadanos dan la orden de lanzar a las fuerzas de seguridad con su fuerza bruta contra los ciudadanos indefensos, víctimas que en este caso solo reclaman algo tan básico como el sueldo, fruto del trabajo.

Hoy frente a la puerta del Ayuntamiento de Jerez, se ha demostrado una vez más cómo  el Gobierno de la ciudad, del Partido Popular, pretende resolver los problemas de impago de salarios, que durante meses vienen sufriendo las trabajadoras de ACASA, otras empresas municipales y los propios empleados públicos: ¡A GOLPES!

En la concentración totalmente pacífica que las trabajadoras y trabajadores mantenían ante la puerta del Ayuntamiento, mientras se celebraba el Pleno Municipal, al que asistían numerosas trabajadoras y representantes sindicales, se han producido dos Cargas de las Fuerzas Antidisturbios, cuya presencia ha reclamado el Ayuntamiento.

En una concretación pacífica, la irrupción de este Grupo Antidisturbio, en el que ninguno de sus agentes iba identificado como exige la ley, ha provocado empujones, golpes, zarandeos y disparos intimidatorios de aire comprimido. Una segunda carga policial ha tenido lugar cuando la Policía se dirigió sin previo aviso a una de las trabajadoras que solo profería gritos reivindicativos junto a una pancarta.

Esta es la manera en que el Gobierno de nuestra ciudad pretende resolver los problemas que está provocando a sus trabajadores: no solo no paga los salarios, sino que reprime por la fuerza las legítimas protestas. Condenamos esta actitud dictatorial, el uso de la fuerza policíal contra trabajadoras desesperadas por no poder mantener a sus familias.

Jerez últimamente es portada de noticiarios, por la violencia que se ejerce contra los ciudadanos y ciudadanas que defienden pacíficamente sus derechos (recordemos los hechos de Caulina). Debemos hacer sentir a sus autoridades la vergüenza y el rechazo de toda la ciudadanía a estos comportamientos y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y ciudadanas de Jerez a secundar cuantas acciones y movilizaciones se convoquen para hacer respetar nuestros derechos.

¿Te vas a quedar en casa mientras estas cosas pasan en tu ciudad?. Toma la Calle. No somo mercancia, somos personas.

 

 

 

Areca

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Dice el diccionario que “humillar”, aplicado a las personas, es “pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo”. Y así vivimos hoy, en el permanente riesgo de caer en la pobreza y la marginación ante el avance arrollador del poder de los especuladores sobre los Derechos Fundamentales que, pese a estar recogidos en los textos que sirven de pilares del estado de derecho, son vulnerados impunemente con la complicidad de quienes acomodados o simplemente sumisos, viven o quieren vivir ajenos a la cruel dinámica imperante.

El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

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El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

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Dice el diccionario que “humillar”, aplicado a las personas, es “pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo”. Y así vivimos hoy, en el permanente riesgo de caer en la pobreza y la marginación ante el avance arrollador del poder de los especuladores sobre los Derechos Fundamentales que, pese a estar recogidos en los textos que sirven de pilares del estado de derecho, son vulnerados impunemente con la complicidad de quienes acomodados o simplemente sumisos, viven o quieren vivir ajenos a la cruel dinámica imperante.

El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

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Dice el diccionario que “humillar”, aplicado a las personas, es “pasar por una situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo”. Y así vivimos hoy, en el permanente riesgo de caer en la pobreza y la marginación ante el avance arrollador del poder de los especuladores sobre los Derechos Fundamentales que, pese a estar recogidos en los textos que sirven de pilares del estado de derecho, son vulnerados impunemente con la complicidad de quienes acomodados o simplemente sumisos, viven o quieren vivir ajenos a la cruel dinámica imperante.

El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

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El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, aclara que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad en el país de la burbuja inmobiliaria, en el Estado en el que los especuladores en alianza con el poder público vulneran este derecho cada día en los ya conocidísimos desahucios, una realidad creciente en una sociedad que se empobrece a un ritmo aterrador, una realidad visible en tu propia puerta, pues es el ciudadano de a pie quien está pagando los desfases de unos cuantos que hoy son aun más ricos.

Por eso existe cada vez una mayor concienciación sobre la necesidad de sensibilizar a la población sobre el riesgo creciente en que vivimos los ciudadanos. Por eso mismo se está dando una movilización social que aboga por situar a las personas por encima de los intereses del dinero de unos pocos. Por eso el dinero usa sus más que conocidos y antiquísimos recursos contra quienes pretenden cambiar el injusto estado de las cosas.

Reclamando un cambio necesario que asegure el derecho a una vivienda digna y adecuada se llevó a cabo el pasado 30 de Septiembre de 2011 una acción pacífica de protesta en una vivienda de Caulina ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos para hacer frente a su hipoteca. La crueldad se expandió más allá del hecho humillante de perder la vivienda ante los especuladores, se apoderó de los allí presentes como pudo verse en las imágenes de aquel día al perderse otros Derechos Fundamentales como el derecho a la integridad física, a la libertad y la seguridad, a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, el derecho a reunión pacífica y a la participación directa. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes allí en gran número y fuertemente armados, actuaron de forma desproporcionada contra los presentes pisoteando múltiples derechos por la defensa de uno, el derecho a la propiedad de quienes acumulan propiedades.

Muchos compañeros heridos de diversa consideración y doce detenidos arbitrariamente fueron el saldo de esta acción de humillación. Nuestros compañeros fueron empujados, arrastrados y golpeados, heridos en sus cuerpos y en su dignidad, amontonados durante un largo tiempo a oscuras en un furgón sin ventilación entre vómitos y desmayos.

Como en toda Crisis, es así como se pretende doblegar la protesta, con represión, dinamitando la moral de los grupos activos y desgastando a base de golpes, procedimientos y procesos de criminalización a quienes deciden no obedecer sin criterio sino hacer ruido sobre un problema común. Para frenar el empuje del dinero y las fuerzas ejecutoras de su voluntad contra los procesados se constituyó ARECA (Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina), un grupo desde el que se pretende sensibilizar sobre la problemática de la represión contra las movilizaciones por la justicia social desde el caso concreto de Caulina. Desde aquí pedimos solidaridad. Nos encontramos en un procedimiento judicial que será largo y agotador. Por eso pedimos la adhesión a este documento, para aunar fuerzas en una misma dirección, para dar una inyección de ánimo a quienes se encuentran procesados por exigir pacíficamente que se cumplan los derechos reconocidos, para que la intranquilidad que conlleva estar envuelto en un procedimiento así después de ser apaleado sea más llevadera para quienes lo sufren. En definitiva, para que quienes decidan protestar por la mala situación que viven las familias sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

El Grupo de Apoyo Contra la Represión en Caulina, ARECA, se constituyó el pasado 28 de Octubre de 2011 para solidarizarse con las víctimas de la represión policial desplegada el pasado día 30 de Septiembre de 2011 cuando se disponían a realizar una acción de protesta pacífica ante la orden de desahucio contra una familia jerezana carente de recursos. Con esta recogida de firmas lo que queremos es que los compañeros y compañeras sientan vuestra solidaridad, ánimos, aunemos fuerzas en una misma dirección y sepan que no están solos, que tienen el calor de individuos y colectivos que consideran injusta la situación derivada de la especulación y consideran lógica la movilización social.

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Moción entregada en el Ayuntamiento de Jerez

MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS.

 

Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.

 

Visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

 

Visto que cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

 

Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

 

Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

 

Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

 

Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

 

Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente

 

Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los desahucios –aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal,

 

 

El Pleno Municipal de Jerez adopta los siguientes acuerdos:

 

Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, como el 15M en Jerez, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en

EEUU.

 

Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

 

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas utilizando para ello preferentemente las viviendas sociales, propiedad del Ayuntamiento de Jerez y de la Junta de Andalucía, que se encuentran en nuestra ciudad.

 

Cuarto.- Condonar el Impuesto de Bienes Inmuebles en aquellos casos donde los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional (641,40 euros al mes), haciendo especial hincapié en personas mayores, jubiladas y pensionistas.

 

Quinto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.

15M Barrios Asamblea Informativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea Informativa se celebrará a las 18h en el local de la AAVV de Palos Blancos, en c/ Antares 13 (frente a entrada de mercancías de Hipercor)